Las personas con discapacidad siguen enfrentándose a barreras en actividades cotidianas y básicas, como entrar en una tienda, navegar por una web o acceder a la información de un producto. Obstáculos que, en pleno siglo XXI, resultan difíciles de justificar, porque la accesibilidad no es una deferencia ni una mejora opcional, sino un derecho exigible. La ley protege a todos los consumidores para garantizar que puedan comprar, contratar servicios y acceder a la información en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos físicos, sensoriales o cognitivos.