El Gobierno de Canarias ha reiniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales con el objetivo de dotar al archipiélago de un marco jurídico propio para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible de su patrimonio natural.

El nuevo texto aprovecha el trabajo técnico previo e incorpora mejoras para reforzar la seguridad jurídica y adaptarse al marco competencial vigente tras las observaciones del Consejo Consultivo. La futura norma integrará en un único marco los instrumentos de planificación y conservación de la biodiversidad, adaptándolos a las características del territorio insular.

Además, incluirá medidas para la protección del medio marino y los ecosistemas costeros, potenciará la coordinación entre administraciones y continuará su tramitación con los correspondientes informes, consultas y procesos de participación pública antes de convertirse en proyecto de ley.

El proyecto Comunidades Turísticas Circulares (CTC), impulsado por Ashotel y Asaga Canarias, celebra cuatro años de trayectoria con el lanzamiento de la plataforma digital Santa Cosecha, una herramienta que facilitará la conexión entre hoteles y productores locales. La iniciativa permitirá agilizar los procesos de compra, mejorar la trazabilidad de los productos de proximidad y medir el impacto ambiental asociado a la valorización de la materia orgánica, reforzando así la economía circular en el sector turístico.

Durante este periodo, el proyecto ha integrado a 40 hoteles del sur de Tenerife y ha transformado unas 3.700 toneladas de biorresiduos en 1.600 toneladas de compost certificado para uso agrícola. Además, se entregaron certificaciones de AENOR por la prevención del desperdicio alimentario y se presentaron los resultados de un estudio que destaca el interés de los hoteles por el producto local, aunque identifica retos relacionados con la logística, el suministro y la digitalización. 

La deforestación en la Amazonía brasileña registró durante el primer semestre de 2026 su nivel más bajo en una década, con una reducción del 38 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos oficiales, más del 80 % de las reservas ambientales permanecieron intactas, reflejando el impacto positivo del refuerzo de las políticas de vigilancia y control ambiental.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene como objetivo alcanzar la deforestación ilegal cero en 2030, apoyándose en una mayor fiscalización para preservar la biodiversidad y reducir las emisiones derivadas de la tala.

La sostenibilidad continúa consolidándose como un eje estratégico en las empresas iberoamericanas.

Según el IV Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica, el 93,8% de las organizaciones considera que la responsabilidad social corporativa (RSC) debe integrarse de forma transversal en toda la empresa, mientras que el 58% de las áreas de sostenibilidad ya reporta directamente a la alta dirección.

El estudio también refleja un mayor peso de la regulación como impulsora de estos avances y sitúa la gobernanza y la atención a los grupos de interés entre las principales prioridades de las organizaciones.

La Comisión Europea ha propuesto prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2035 la exención del mercado europeo de derechos de emisión (ETS) para los vuelos y determinados trayectos marítimos de las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias.

La medida, que aún debe ser aprobada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, evitaría un incremento en el coste de los billetes aéreos y del transporte de mercancías entre el archipiélago y la península.

Naturgy invertirá 300 millones de euros en Australia para construir su mayor proyecto renovable en el país, un complejo híbrido ubicado en Fraser Coast (Queensland) que combinará 330 MW de energía solar con 180 MW de almacenamiento mediante baterías. 

El proyecto está previsto que entre en funcionamiento en 2028 y contará con un contrato de compraventa de energía (PPA) a diez años que garantizará la comercialización de la electricidad generada y reforzará la estabilidad de la inversión. 

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha reunido a más de 80 profesionales de los ámbitos educativo, investigador, institucional y empresarial para avanzar en la elaboración del Plan Formativo Verde de Canarias.

A través de varias mesas de trabajo celebradas en Tenerife y Gran Canaria, se han identificado las competencias y perfiles profesionales que requerirá la transición ecológica en sectores estratégicos como las energías renovables, la economía circular, la gestión del agua, la movilidad sostenible o la digitalización ambiental.

Las conclusiones de esta primera fase apuntan a la necesidad de adaptar la oferta formativa a las demandas del mercado laboral verde y azul, reforzar la colaboración entre administraciones, centros educativos y empresas, y actualizar los programas formativos según las necesidades del territorio.

La Comisión Europea ha propuesto aplazar hasta 2030 la aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento Europeo del Metano para los importadores de petróleo y gas que incumplan la normativa.

La recomendación plantea suspender las penalizaciones entre 2027 y 2029 con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro energético y facilitar la adaptación de empresas y Estados miembros a las nuevas exigencias regulatorias, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica.

Canarias avanza en su estrategia de transición energética con la puesta en marcha de la mayor instalación de almacenamiento mediante baterías del archipiélago, ubicada en Arico. La infraestructura, promovida por DISA y visitada por el consejero Mariano Hernández Zapata, combina una planta fotovoltaica de 8 MW con un sistema de almacenamiento de 8 MWh para optimizar el aprovechamiento de la energía solar, mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y favorecer una mayor integración de las energías renovables.

El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, reutiliza además un espacio previamente degradado, evitando la ocupación de nuevos suelos de valor natural. El Gobierno de Canarias considera esta instalación un referente para futuros proyectos de almacenamiento en otras islas, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro y seguir avanzando hacia un sistema energético más descarbonizado y eficiente.