La nueva directiva, que actualiza una anterior de 2003 sobre este tipo de residuos, obligará a los Estados miembros a recoger el 45% de los equipos eléctricos y electrónicos a la altura de 2016 y el 65% en 2019 o, de forma alternativa, recoger el 85% de los residuos generados en sus territorios en 2019 frente al objetivo obligatorio actual de recoger cuatro kilos por persona cada año, es decir unos dos millones de toneladas al año.