El pasado sábado 5 de marzo se publicaba en el BOE la nueva Ley de
Economía Sostenible, compendio regulatorio que afecta a los más diversos
ámbitos económicos y sociales y que tiene por objeto “introducir en el
ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear
condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible”. Merece
destacarse su artículo 39 porque hace referencia a la promoción de la
RSE (Responsabilidad Social Empresarial) por parte de la Administración
Pública, tanto en empresas grandes como en medianas y pequeñas (¿a estas
alturas no está más que asumido que la responsabilidad social no sólo
afecta a las empresas hablando de RSE y no mejor de RSC?) haciéndose
especial hincapié en la promoción de buenas prácticas y en el análisis
de los efectos de la RSE sobre la competitividad.