El pasado sábado 5 de marzo se publicaba en el BOE la nueva Ley de Economía Sostenible, compendio regulatorio que afecta a los más diversos ámbitos económicos y sociales y que tiene por objeto “introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible”. Merece destacarse su artículo 39 porque hace referencia a la promoción de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) por parte de la Administración Pública, tanto en empresas grandes como en medianas y pequeñas (¿a estas alturas no está más que asumido que la responsabilidad social no sólo afecta a las empresas hablando de RSE y no mejor de RSC?) haciéndose especial hincapié en la promoción de buenas prácticas y en el análisis de los efectos de la RSE sobre la competitividad.