La Comisión Europea ha establecido por primera vez unas directrices sobre el funcionamiento de los sistemas de certificación voluntarios de los productos agrícolas y alimenticios con el objetivo de regular el funcionamiento de los numerosos sistemas de este tipo que se han creado en la última década.

En su comunicación, la Comisión reconoce que estos sistemas pueden aportar ventajas tanto a los productores como a los comercializadores y a los consumidores mientras que pueden presentar inconvenientes tales como amenazas al mercado único, costes y cargas para los productores con riesgo de rechazo para aquellos productos que no participen en el régimen.