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Desde la publicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en octubre del 2007 todas las actividades económicas o profesionales contenidas en su anexo III que sean capaces, como consecuencia de su funcionamiento, de causar un daño sobre el medio ambiente por un valor igual o superior a los 300.000 euros están obligados a contratar una garantía financiera que cubra este tipo de riesgo (medioambiental). Esta garantía se podrá constituir a través de diferentes modalidades, como por ejemplo un seguro, un aval o mediante la constitución de reservas técnicas (fondos <>). Su cuantía estará determinada por las Comunidades Autónomas en función a un estudio de evaluación de riesgos desarrollados a través de métodos reconocidos.