Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado la nueva Directiva sobre diligencia debida, acordada con el Consejo, que exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro, que eviten, pongan fin o reduzcan su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Las normas se aplicarán a las empresas y matrices con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros; a empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que conlleven una identidad corporativa común con una facturación superior a 80 millones de euros si al menos 22,5 millones proceden de los cánones; y a las empresas de fuera de la UE, matrices y las compañías con acuerdos de franquicia o licencia que alcancen esos umbrales de facturación en la UE.

Así, estas compañías tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar las inversiones pertinentes, pedir garantías contractuales a sus socios, mejorar su plan de negocio o prestar apoyo a las pymes con las que trabajan para asegurarse de que cumplen las nuevas obligaciones.